Los tratamientos de fertilidad, cuyo costo oscila entre el millón y los 10 millones de pesos, no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS). Tampoco están obligadas a cubrirlo las empresas de medicina prepagada o los seguros privados de cirugía y hospitalización , como lo afirma Augusto Galán, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi.

Actualmente, dichos tratamientos hacen parte de las llamadas exclusiones, al lado de los procedimientos utilizados para la obesidad y la cirugía plástica.

Sin embargo, en el año 2002, la caleña Elsy Esther López ganó una tutela que obligó a la Empresa Promotora de Salud (EPS) Coomeva a cubrir los medicamentos para su tratamiento de infertilidad.

En este caso en particular, los costos del tratamiento superaban los dos millones de pesos mensuales. Esta mujer alegó el derecho a ser madre y a formar una familia.

En el 2000, la Corte Constitucional negó una tutela sobre fertilidad y sentenció que “la escasez de recursos en la salud implica determinar prioridades de gasto público y social y que no puede ser más importante un derecho de segunda generación –como el de hacer posible un embarazo–, sobre el derecho fundamental a la vida de una persona cuyo mal lo pone en riesgo de muerte”.

En un concepto similar, la Corte, con anterioridad, falló que con la tutela no podría pretenderse ampliar el POS a un servicio que no está incluido dentro de este. Sin embargo, el Juzgado Primero Penal del circuito de Cali tuvo argumentos para respaldar la acción de tutela de Elsy, primera en la historia. En tal caso, los costos corrieron por cuenta del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía).

Desde entonces, se han instaurado varias tutelas por el mismo concepto.

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